El Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas, publicado en 2013 con la actualización de la versión de 2002, incorpora los mejores estándares de buen gobierno corporativo identificados a nivel global y local, aplicables específicamente a la realidad peruana. Catorce instituciones y gremios empresariales representativos del mercado de valores y del sector empresarial del país, bajo el liderazgo de la SMV, lideraron su elaboración. El Código pone especial énfasis en la dinámica de la Junta General de Accionistas, el Directorio y la Alta Gerencia.

El Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas se divide en cinco pilares fundamentales que estructuran integralmente el marco de gobierno corporativo. Primer pilar: derechos de los accionistas, garantizando trato equitativo y acceso apropiado a información para todos los accionistas, mayoritarios y minoritarios. Segundo pilar: junta general de accionistas, asegurando que este órgano supremo opere con transparencia, eficacia y respeto a derechos de participación de todos los accionistas convocados.

Tercer pilar: función y competencia, definiendo claramente los roles y responsabilidades de los diferentes órganos sociales (junta general, directorio, gerencia) y las relaciones entre ellos. Cuarto pilar: el directorio y la alta gerencia, estableciendo principios para la composición, funcionamiento y supervisión efectiva por parte del directorio sobre la gestión ejecutiva. Quinto pilar: riesgo, cumplimiento y transparencia de la información, requiriendo gestión integral de riesgos y comunicación transparente con el mercado y stakeholders.

El Banco de la Nación, como ejemplo de empresa estatal peruana, ha adoptado las Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo de acuerdo a su entorno y necesidades específicas, reconociendo los beneficios intrínsecos y los activos intangibles que genera. La institución considera además que las Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo generarán una ventaja competitiva incluso para empresas públicas, no solo para empresas privadas que compiten en mercados abiertos.

El Estado peruano aprobó el Decreto Legislativo N° 1031 y su Reglamento, que tiene por objeto promover la eficiencia de la actividad empresarial del Estado cuyo cumplimiento conlleva a la adopción de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo. Adicionalmente, el Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Economía y Finanzas contempla, como acción estratégica, la implementación del Gobierno Corporativo en la gestión de las empresas públicas peruanas, asegurando estándares profesionales similares a los del sector privado.

El Código de Buen Gobierno Corporativo para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado) establece principios específicos para las empresas públicas peruanas. El Principio 26 trata sobre políticas de retribución y remuneración al Directorio y la Alta Gerencia, asegurando que estas sean transparentes, vinculadas a desempeño, y dentro de márgenes razonables para el sector público. La Política V trata sobre el Sistema efectivo de análisis de riesgo.

El Principio 27 establece que las Empresas Públicas del Estado (EPE) deben disponer de sistemas y procedimientos que permitan identificar oportunamente los distintos riesgos que enfrentan y medir los potenciales efectos en sus operaciones. La Gerencia debe entregar reportes de seguimiento del Código de Ética en forma regular al Directorio. Un informe sobre el cumplimiento de Buen Gobierno Corporativo de la EPE debe ser presentado por el Directorio a la Junta General de Accionistas, junto con la Memoria Anual y los Estados Financieros, cerrando el ciclo de transparencia y rendición de cuentas anual.

Cierre: El marco peruano de buen gobierno corporativo ha alcanzado madurez significativa, abarcando tanto empresas privadas como públicas con principios y prácticas robustas. Para empresas peruanas de todos los tamaños y sectores, la adopción gradual y efectiva de estos principios representa una inversión estratégica en sostenibilidad de largo plazo, acceso a mejores fuentes de financiamiento, y construcción de reputación corporativa sólida. La continuación del avance peruano en gobierno corporativo depende del compromiso sostenido de las propias empresas con la implementación rigurosa de prácticas declaradas, no solo con cumplimiento formal superficial.

Fuente: SMV / Plataforma del Estado Peruano | 10/04/2026 · Ver original