El partido Renovación Popular propone en su Plan de Gobierno 2026-2031 acciones legales significativas relacionadas con la recuperación de activos asociados con casos de corrupción del pasado. La propuesta más destacada es una demanda del Estado Peruano contra Brookfield ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por al menos US$ 3.000 millones por la compra de acciones de Odebrecht en concesiones obtenidas corruptamente, habiendo pagado dinero a funcionarias públicas peruanas.
El caso tiene complejidades jurídicas significativas. La compra de acciones a Marcelo Odebrecht por parte del fondo de inversión canadiense Brookfield se materializó estando Odebrecht preso y sentenciado a 18 años de cárcel por corrupción en Brasil. La propuesta de Renovación Popular argumenta que esta transacción debe ser analizada considerando el contexto delictivo conocido, lo que abriría una vía para que el Estado peruano busque compensación significativa por los daños económicos y morales generados.
La propuesta también incluye que la Procuraduría Pública del Perú procedería a la inmediata incautación y pérdida de dominio de todos los activos de Odebrecht y sus subsidiarias en el Perú para garantizar la recuperación del daño económico y moral ocasionado al país. Esta medida sería significativa considerando que Odebrecht (ahora rebautizada como Novonor) tuvo participación en múltiples obras de infraestructura importantes en el Perú durante las décadas de 2000 y 2010, muchas de ellas vinculadas con escándalos de corrupción documentados judicialmente.
Los principios fundamentales del partido incluyen la familia como núcleo social esencial, promoviendo políticas públicas que fortalezcan la estructura familiar tradicional. La economía social de mercado se plantea con respeto a la libre empresa pero con responsabilidad social. El Estado ético y eficiente se basaría en meritocracia, transparencia y lucha frontal contra la corrupción. Los valores transversales propuestos incluyen patriotismo, disciplina y orden como elementos necesarios para el progreso nacional.
Las propuestas económicas incluyen fomentar la inversión privada nacional y extranjera, reducción progresiva de impuestos con simplificación tributaria, y apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) a través de mecanismos específicos de financiamiento, capacitación y acceso a mercados. Para el sector productivo peruano, donde las MIPYME representan más del 95% del tejido empresarial y generan la mayoría del empleo, estas políticas podrían tener impacto significativo si se implementan efectivamente.
El impulso a la infraestructura en carreteras, agua, saneamiento y conectividad digital es otra prioridad central. El déficit de infraestructura peruano es uno de los más significativos de la región, con brechas estimadas en más de US$ 100.000 millones según estudios sectoriales. La promoción de sectores estratégicos como minería sostenible, agricultura, turismo y manufactura busca diversificar la matriz productiva peruana más allá de su tradicional dependencia de la minería extractiva.
La reforma del Poder Judicial y Ministerio Público con meritocracia, línea de carrera y atracción de talento (modelo BCR) es propuesta también por Renovación Popular. Una propuesta más controversial es el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, postura que generaría tensión significativa con el sistema interamericano de derechos humanos del cual el Perú es Estado parte desde décadas. Esta propuesta refleja debates ideológicos más amplios sobre soberanía nacional, autonomía en decisiones judiciales y críticas a algunas decisiones específicas de la Corte que se consideran como injerencia externa.
Cierre: Las propuestas de Renovación Popular en el Plan de Gobierno 2026-2031 reflejan una postura nacionalista y de mano dura ante la corrupción y la inseguridad, con elementos que generan tanto apoyo como controversia significativos. La viabilidad de implementar estas propuestas dependería del resultado electoral, la composición del Congreso y los acuerdos políticos que se logren consolidar. Para los ciudadanos peruanos, evaluar críticamente las diferentes propuestas electorales es prerrequisito para una decisión informada en las elecciones generales de abril 2026.
Fuente: Renovación Popular / Elecciones 2026 | 20/04/2026 · Ver original