La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030 se ha convertido en uno de los pilares centrales del Estado peruano para fortalecer los sistemas de la administración pública y del servicio civil, según los lineamientos establecidos en el Decreto Supremo Nº 164-2021-PCM que aprobó la Política General de Gobierno para el período 2021-2026. La implementación de esta política durante 2026 está siendo coordinada por la Secretaría de Gestión Pública como órgano rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública.
El marco normativo de la modernización de la gestión pública peruana incluye varios instrumentos legales fundamentales que han sido elaborados durante las últimas dos décadas. El Decreto Legislativo Nº 1446 modifica la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, estableciendo lineamientos generales para la transformación de la administración pública peruana. El Decreto Supremo Nº 123-2018-PCM aprueba el Reglamento del Sistema de Modernización de la gestión pública, especificando procedimientos y responsabilidades institucionales.
La Resolución Ministerial Nº 156-2021-PCM aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde se establece en su artículo 59 que la Secretaría de Gestión Pública es el órgano rector responsable de proponer, articular, implementar y evaluar la Política Nacional de Modernización. Esta consolidación institucional busca asegurar coherencia y continuidad en las iniciativas de modernización, evitando la fragmentación que ha caracterizado históricamente esfuerzos similares.
La Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 004-2019-PCM-SGP aprueba los Lineamientos Nº 001-2019-SGP ‘Principios de actuación para la modernización de la gestión pública’. Estos principios incluyen orientación al ciudadano (todos los servicios deben diseñarse desde la perspectiva del usuario final), gestión por resultados (priorizar impactos sobre actividades), uso intensivo de tecnologías de información, simplificación administrativa, transparencia y rendición de cuentas, mejora continua y articulación interinstitucional efectiva.
La Carta Iberoamericana de la Función Pública, aprobada por la V Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, proporciona referentes regionales para la modernización del servicio civil. El Perú ha incorporado progresivamente estos estándares iberoamericanos a través de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), institución responsable de gestionar la transición hacia un servicio civil meritocrático que reemplace gradualmente las modalidades contractuales históricas como el régimen del Decreto Legislativo 276 y los Contratos Administrativos de Servicios (CAS).
El contexto político peruano de 2026, marcado por las elecciones generales programadas para abril de ese año, plantea desafíos significativos para la continuidad de las políticas de modernización. Diferentes planes de gobierno presentados por los partidos contendientes proponen enfoques variados, desde fortalecer las políticas actuales hasta reformas estructurales más profundas. La estabilidad de las reformas de gestión pública dependerá significativamente de los acuerdos políticos transversales que se logren consolidar tras los procesos electorales.
Para los ciudadanos peruanos, la modernización de la gestión pública debe traducirse en mejoras tangibles en servicios cotidianos: trámites más simples y rápidos, mayor disponibilidad de servicios digitales que eliminen la necesidad de visitas presenciales a entidades públicas, reducción de duplicidades documentales entre entidades, mejor calidad en la atención al ciudadano y mayor transparencia sobre el uso de recursos públicos. Estas dimensiones operativas son las que finalmente determinan si las reformas son percibidas como exitosas por la población.
Cierre: La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030 ofrece un marco estratégico ambicioso para transformar el Estado peruano, pero su éxito dependerá de la disciplina ejecutiva en su implementación, la asignación presupuestaria adecuada, el desarrollo de capacidades técnicas en las entidades públicas y la voluntad política sostenida más allá de los ciclos electorales. Para los servidores públicos peruanos, esta política representa tanto oportunidades de desarrollo profesional como exigencias crecientes de modernización en sus áreas de responsabilidad.
Fuente: Diario Oficial El Peruano / PCM | 15/05/2026 · Ver original