Los planes de gobierno presentados por los principales partidos políticos peruanos para el período 2026-2031 plantean reformas estructurales ambiciosas del Estado peruano. Las propuestas convergentes incluyen reducción del Estado mediante planes de incentivos para retiro, fortalecimiento de la meritocracia y línea de carrera, reorganización del gasto público con ratios definidos entre inversión y gasto corriente, y un gobierno digital centralizado con simplificación administrativa significativa de los trámites burocráticos que enfrentan ciudadanos y empresas.

Las propuestas de reducción del Estado plantean implementar planes de incentivos para retiro voluntario de servidores públicos en posiciones que serán racionalizadas, combinados con fortalecimiento de la meritocracia y línea de carrera para quienes se mantienen en el servicio público. El modelo de referencia frecuentemente citado es el del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), reconocido por su gestión técnica, salarios competitivos y procesos meritocráticos de selección y promoción. Replicar este modelo en otras instituciones públicas requeriría inversión significativa pero podría transformar significativamente la capacidad técnica del Estado.

La reorganización del gasto público propuesta incluye establecer ratios específicos: 50% inversión y 50% gasto corriente para ministerios, gobiernos regionales y gobiernos provinciales. Esta meta es ambiciosa considerando que actualmente la mayoría de entidades públicas peruanas tienen una distribución mucho más sesgada hacia gasto corriente (planillas, servicios básicos, gastos operativos) en detrimento de inversión en infraestructura, equipamiento y proyectos de desarrollo. Lograr esta reorganización requeriría reformas estructurales significativas en la composición del gasto público.

El gobierno digital centralizado se ha convertido en propuesta transversal de prácticamente todos los planes de gobierno. La visión común incluye consolidar plataformas digitales fragmentadas en una sola interfaz ciudadana, implementar identidad digital única que elimine duplicidades documentales, automatizar procesos administrativos básicos mediante inteligencia artificial, y desarrollar capacidades analíticas que permitan toma de decisiones basada en datos en lugar de en intuición política o burocrática.

La simplificación administrativa y tercerización emergen como mecanismos para reducir la carga burocrática sobre ciudadanos y empresas. Diversos estudios muestran que los trámites burocráticos consumen recursos significativos tanto de los administrados como del propio Estado, sin generar valor proporcional. La simplificación implica eliminar requisitos innecesarios, reducir tiempos de respuesta, consolidar entidades duplicadas y delegar a privados aquellas funciones donde el sector privado puede prestar servicios más eficientemente bajo supervisión estatal.

La reforma del Poder Judicial y Ministerio Público con meritocracia, línea de carrera y atracción de talento siguiendo el modelo BCR es otra propuesta recurrente. El sistema de justicia peruano enfrenta problemas estructurales severos: corrupción documentada en algunos sectores, lentitud excesiva en procesos, falta de predictibilidad en decisiones, y desconfianza ciudadana generalizada. Las reformas propuestas buscan transformar profundamente estas instituciones críticas para el Estado de derecho y la seguridad jurídica empresarial.

Otras propuestas incluyen inversión superior a US$ 1.000 millones para potenciar la inteligencia policial y militar mediante cámaras, drones, interceptación de información y centrales de recompensas efectivas. Algunas propuestas más controversiales incluyen el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una postura que generaría tensión significativa con el sistema interamericano de derechos humanos y posiblemente con socios comerciales internacionales sensibles a estos temas. Estas propuestas reflejan debates ideológicos más amplios sobre el rol del Estado y los mecanismos internacionales de control.

Cierre: Los planes de gobierno 2026-2031 ofrecen visiones diversas pero con elementos comunes significativos sobre la transformación necesaria del Estado peruano. La capacidad de implementar estas reformas dependerá del resultado electoral de abril 2026, la composición del próximo Congreso, los acuerdos políticos transversales que se logren y la disciplina ejecutiva del próximo gobierno. Para los servidores públicos, empresas y ciudadanos peruanos, los próximos años podrían traer cambios significativos en cómo opera el Estado, con implicaciones importantes para todos los actores económicos y sociales del país.

Fuente: Planes de gobierno partidarios 2026 | 10/05/2026 · Ver original