El Plan de Gobierno reforzado de Fuerza Popular para el período 2026-2031 plantea reformas estructurales en seguridad ciudadana ante la grave crisis que enfrenta el sector. Los datos contenidos en el documento revelan que el 82% de los vehículos pertenecientes a comisarías se encontraban inoperativos en 2022, mientras que la impunidad supera el 90% en casos de robos, asaltos o extorsiones, generando una situación que demanda acciones urgentes y estructurales del próximo gobierno peruano.
En materia de equipamiento policial, la Policía Nacional del Perú enfrenta serias limitaciones logísticas que afectan directamente su capacidad operativa. Los datos correspondientes al año 2022 son alarmantes: además del 82% de vehículos inoperativos en comisarías, el 61% de las motocicletas y el 58% de las camionetas policiales asignadas a comisarías estaban fuera de servicio. Esta situación reduce drásticamente la capacidad de patrullaje, respuesta a emergencias y operativos preventivos en barrios urbanos donde más se concentra la criminalidad.
La infraestructura tecnológica para prevención del delito también muestra deficiencias críticas. La Contraloría General de la República reportó en 2025 más de 1.500 cámaras inoperativas y la ausencia de planes de mantenimiento en la mayoría de municipios. La falta de infraestructura para el almacenamiento y análisis de datos limita significativamente el uso de información en prevención del delito. Adicionalmente, se han documentado problemas de comunicación entre distritos o con la Policía, generando ineficiencias operativas que delincuentes aprovechan sistemáticamente.
La ausencia de una política criminal nacional articulada con enfoque territorial ha generado superposición de funciones entre Policía Nacional del Perú, Fiscalía, Poder Judicial y municipalidades. Esta fragmentación institucional impide respuestas coordinadas efectivas, genera duplicación de esfuerzos en algunas áreas y vacíos de responsabilidad en otras. La impunidad resultante, que supera el 90% en casos de robos, asaltos o extorsiones, alimenta un círculo vicioso donde la falta de consecuencias para los delincuentes incentiva mayor criminalidad.
Las propuestas de reforma incluyen el fortalecimiento de las escuelas policiales a nivel macro-regional con estándares de alta calidad. La idea es elevar significativamente los estándares de formación de los nuevos policías, incorporando contenidos modernos sobre criminología, tecnología aplicada a la prevención del delito, derechos humanos, atención al ciudadano y técnicas avanzadas de investigación. Adicionalmente, se propone mejorar las condiciones de servicio, salarios y desarrollo profesional para retener talento policial valioso.
Las propuestas incluyen también las Brigadas de Autoprotección Escolar (BAPES), un programa destinado a fortalecer la seguridad en entornos escolares vulnerables. La preocupación por la seguridad de niños y jóvenes en sus rutas hacia los colegios y dentro de los planteles educativos ha crecido significativamente durante los últimos años debido a casos documentados de violencia, extorsión a familias por matrículas y reclutamiento de menores por organizaciones delictivas.
Los Decretos de Urgencia en materia económica y financiera son contemplados como herramienta para acelerar las inversiones necesarias en seguridad sin esperar los procesos presupuestarios regulares. Esta propuesta refleja la severidad con que algunos sectores políticos peruanos perciben la crisis de seguridad ciudadana, considerándola justificación suficiente para utilizar mecanismos extraordinarios de gasto público que normalmente requerirían aprobaciones legislativas más extensas. Sin embargo, el uso de Decretos de Urgencia para sortear procesos democráticos regulares es controversial.
Cierre: La crisis de seguridad ciudadana en el Perú demanda respuestas estructurales que vayan más allá de medidas puntuales o populismos electorales. Las reformas propuestas en planes de gobierno como el de Fuerza Popular plantean elementos relevantes, aunque su efectividad dependerá de la implementación rigurosa, la asignación presupuestaria adecuada, la coordinación interinstitucional efectiva y la disciplina política para sostener reformas a través de múltiples gestiones. Para los ciudadanos peruanos, recuperar la sensación de seguridad en sus barrios es una de las demandas más urgentes y persistentes.
Fuente: Fuerza Popular / Plan de Gobierno 2026 | 08/05/2026 · Ver original